Existe una clara diferencia entre los antecedentes penales y los policiales. Cada uno tiene características distintivas y afectan de forma diferente a quienes figuran en estos registros. ¿Qué son, cómo afectan a la persona implicada y cómo se cancelan? A continuación, daremos respuesta a estas preguntas.
Antecedentes penales, ¿qué son?
En primer lugar, es importante aclarar que no todas las acciones que comúnmente las personas llaman delito realmente lo son. Por eso, lo primero que debemos saber exactamente es qué se considera delito. Sin entrar en muchos detalles, los delitos son acciones o conductas que suponen una infracción al Código Penal. Cabe destacar que hasta el año 2015 en España existía la figura de faltas leves, pero actualmente estas se consideran como delitos leves, por lo que aumentó la lista de acciones englobadas en esta categoría. A consecuencia de un delito se impone una pena que, por decirlo de manera coloquial, es el «castigo» de dicha acción. Lo más común es que se imponga como parte de la pena un período de prisión además de otras restricciones o limitaciones que se deben cumplir para «pagar» el delito.
Una vez aclarado este punto, todos los delitos tipificados en el Código Penal causan antecedente penales, sin importar su gravedad. Sin embargo, esto no significa que se aplique la misma norma en todos los casos, pues varía la duración de dichos antecedentes de acuerdo a la gravedad del delito cometido. A este respecto, el código vigente se caracteriza por haber endurecido las penas en comparación con el anterior y, en consecuencia, se ha aumentado la duración de la vigencia de los antecedentes penales. Sin embargo, la buena noticia para quienes se encuentran en esa situación es que no son permanentes en ningún caso.
Por otro lado, cabe descartar que no solo las personas físicas pueden tener antecedentes penales. Esto también es aplicable a personas jurídicas de acuerdo a la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo. En términos generales, en este caso la cancelación de antecedentes penales se puede realizar en el mismo período que en los estipulados para las personas físicas. Sin embargo, existe una diferencia considerable en el supuesto que se haya ordenado la disolución de la empresa o la prohibición definitiva de las actividades que realizaba. En ese caso, la cancelación de antecedentes penales se podrá realizar después que hayan transcurrido 50 años desde la fecha en que se emitió la sentencia firme.
Requisitos para cancelar los antecedentes penales.
En vista que es nuestro propio honor lo que está en juego, lo mejor es buscar ayuda especializada de los abogados de derecho penal. Esto es algo sumamente importante porque de la gestión que se realice se desprende si queda limpio el historial de una persona o no. Recordemos que muchos trámites de este tipo son realmente estresantes, especialmente porque hay que lidiar con mecanismos engorrosos. Además, las oficinas destinadas a atender estos temas deben tramitar una serie de solicitudes de distintos tipos, por lo que es una tarea ardua que se atienda la petición de cancelación de los antecedentes penales. En vista de lo anterior, el primer requisito es contar con los servicios de los abogados especialistas en estos temas.
El segundo aspecto es haber cumplido la pena impuesta por la autoridad competente. A partir de ese momento empieza a contarse el tiempo de espera para cancelar los antecedentes penales. Pero antes de continuar debes saber si la persona implicada realmente tiene antecedentes penales. Se puede obtener un certificado a través del modelo 790, que puedes presentar de manera presencial o en internet. Por supuesto, no tiene ningún sentido abrir una carpeta de cancelación de antecedentes penales si no existen.
Una vez verificado este dato, deberá procederse a revisar que ya haya transcurrido el tiempo necesario desde que se cumplió la pena. En el caso de los delitos leves, el plazo de espera para la cancelación de los antecedentes penales es de 6 meses. Para las penas que no hayan superado los 12 meses, así como para los delitos imprudentes, el tiempo de espera es de 2 años. En el caso de las penas menos graves menores de 3 años, deben transcurrir otros tres años. Adicionalmente, para las penas menos graves que hayan superado los 3 años, tendrán que pasar cinco años antes de solicitar la cancelación. Por último, las personas que fueron sentenciadas con penas graves, deberán esperar 10 años para eliminar sus antecedentes penales.
Antecedentes policiales, ¿qué son?
Dicho en términos sencillos, los antecedentes policiales son los que figuran en la base de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin importar si se trata de corporaciones estatales, de las Comunidades Autónomas o de los gobiernos locales. En esencia, todos los incidentes en los que sea necesaria la intervención de alguna institución antes mencionada queda registrada en los antecedentes policiales. Esto no cambia aunque no se haya dictado alguna sentencia desfavorable para el implicado. Por eso, el hecho que alguien no tenga antecedentes penales no significa que no tenga antecedentes policiales.
En vista que son procesos independientes, la persona que tenga antecedentes policiales puede solicitar su eliminación en cualquier momento a menos que la intervención policial se derive un expediente sancionador. En ese caso, deberán transcurrir cinco años desde la comisión de la infracción.
La cancelación de antecedentes policiales tiene su fundamento en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre en virtud de su artículo 22.4 referente a la protección de datos. Sin embargo, la solicitud de cancelación de antecedentes policiales pudiera no prosperar en cuanto haya procesos legales en proceso vinculados a dichos datos. Ahora bien, en base al artículo 23.1 de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos), se podría negar la solicitud de cancelación de antecedentes policiales por motivos poco claros. Evidentemente algunos aspectos se prestan a interpretación jurídica de las personas implicadas. Sin embargo, dichas ambigüedades pueden evitarse con la asesoría adecuada de los abogados especialistas en derecho penal.
En cualquier caso, la recomendación es contar con los servicios de abogados expertos en derecho penal.
