Ocasionalmente puede solicitarse a los tribunales que se declare improcedente la actuación de las administraciones públicas y, como consecuencia, que se detenga o anule el proceso en cuestión. Para lograrlo suele recurrirse al recurso contencioso-administrativo, que corresponde a un proceso judicial. ¿Qué es exactamente, en qué momentos puede utilizarse y cuál es la forma correcta de presentarlo?
Qué es el recurso contencioso-administrativo.
De acuerdo a la Constitución Española, en el artículo 106, la actuación de la administración pública queda sometida al control jurisdiccional. Su regulación se encuentra claramente especificada por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/2998 de 13 de julio, también conocida como LRJCA. De lo anterior se desprende que el recurso contencioso-administrativo controla la legalidad de la actuación de la administración pública. Por eso, es una forma de controlar la potestad reglamentaria que rige a dichas administraciones.
En vista de lo anterior, no debe confundirse con los recursos administrativos que, como su nombre lo indica, se relacionan con asuntos atendidos dentro del marco legal correspondiente a la administración pública. Un ejemplo de este tipo de actuaciones lo encontramos cuando se procede a la retirada el carnet de conducir por faltas al reglamento de tránsito. En caso que haya alguna inconformidad o aclaración, se presentará un recurso administrativo que no será atendida en los tribunales. Por eso, en primera instancia no aplica el recurso contencioso-administrativo.
Ahora bien, el hecho que sean recursos distintos no significa que no puedan convivir entre sí. Habitualmente se presenten algunos recursos administrativos antes que el caso sea elevado a los tribunales. Sin embargo, al no obtener el resultado deseado, entonces será necesario utilizar el recurso contencioso-administrativo para detener la actuación de la administración pública.
En vista de que el recurso contencioso-administrativo es un mecanismo de naturaleza judicial, únicamente puede presentarse para su análisis en los tribunales. Si esto ocurre, lo más común es que el recurso presentado tenga el propósito de corregir el pronunciamiento de la administración pública mediante la revisión y corrección de su actuación. Para entender mejor este punto, pensemos nuevamente en la persona a la que se le retirará el carnet de conducir. Quizá el afectado considere que no existen elementos para la actuación de la administración pública y, por lo tanto, no procede la retirada de carnet. En tal caso, podría interponer un recurso contencioso-administrativo para intentar frenar la actuación de la Jefatura de tránsito.
Aunque en estos ejemplos nos referimos a asuntos referentes a faltas relacionadas con la ley de tránsito, en realidad puede aplicarse a la actuación de cualquier administración pública.
En qué momento es recomendable presentar un recurso contencioso-administrativo.
Ya hemos indicado que eñ recurso puede presentarse para frenar la actuación de la administración pública. Sin embargo, en la medida de lo posible es más recomendable presentar recursos administrativos en la misma dependencia en que se lleva a cabo el proceso. Posteriormente, cuando se hayan agotado todos los recursos administrativos previstos por la ley, será el momento de interponer un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
Cabe destacar que el recurso contencioso-administrativo únicamente se debe presentar cuando ya no haya disponible ningún recurso administrativo. Por supuesto, en algunos casos excepcionales no es necesario acudir primero a la vía administrativa, pero esto debe estar claramente establecido por alguna disposición legal. Sin embargo, por regla general será en proceder recomendable.
Proceso ordinario y abreviado.
Existen dos tipos de recursos contencioso-administrativos, claramente regulados por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/2998 de 13 de julio, también conocida como LRJCA. Por un lado, están los procesos especiales, que suelen incluir asuntos como la protección de derechos fundamentales, declaración judicial de extinción de partidos políticos, cuestión de ilegalidad, garantía de la unidad de mercado y suspensión administrativa de actas y acuerdos.
El otro tipo de recursos contencioso-administrativos es el proceso ordinario y abreviado. Este proceso suele iniciarse al presentarse un escrito en el que se identifique claramente la actuación que se desea impugnar. Por supuesto, para garantizar el mejor resultado, es muy recomendable que este documento sea redactado por abogados especialistas en estos temas.
Una vez entregado el documento, si procede el recurso, se procederá a su admisión. Entonces, el secretario judicial pedirá a la administración pública el expediente relacionado con el caso. Posteriormente se permitirá a las partes implicadas en el conflicto que presenten sus alegaciones. Nuevamente, es importante definir claramente las bases legales en las que se respalda un recurso. En caso contrario, las alegaciones no tendrán ningún efecto y, por lo tanto, no se podrá recurrir la actuación de la administración pública. Esto enfatiza nuevamente la necesidad de contar con los servicios de abogados experimentados.
Ahora bien, el hecho que el secretario judicial tenga todo el expediente no significa que en automático se iniciará el recurso contencioso-administrativo. Para que esto ocurra, el interesado tendrá un plazo de 20 días desde el momento de la recepción del expediente para presentar la demanda. Básicamente se deben incluir tres aspectos básicos: los hechos del caso, fundamentos de derecho y las pretensiones. A continuación, explicaremos brevemente en qué consiste cada una de ellas:
- Hechos: habitualmente se dice que se trata de un relato fáctico sobre el caso. Sin embargo, en realidad se trata de un relato desde la perspectiva del acusado, puesto que el juzgado será el encargado de determinar la veracidad de su versión. De hecho, tanto la persona afectada como la administración pública presentarán sus argumentos, y en ambos casos asegurarán su veracidad. En cualquier caso, se pretende que los datos incluidos sean completamente fácticos.
- Fundamentos del derecho: Como su nombre lo indica, será necesario incluir claramente el orden jurídico aplicable a la impugnación. Y, como es lógico, para su preparación y presentación se requieren amplios conocimientos del orden jurídico aplicable.
- Pretensiones: debe incluirse el objetivo de la demanda. Por ejemplo, en el caso que mencionamos del retiro del carnet de conducir, quizá la demanda sea qué se elimine la sanción y, como consecuencia, que se le devuelva el carnet.
Entonces, el tribunal contestará a la demanda. Como puedes notar, se trata de un proceso realmente rápido.
